Independientemente de la condena de cárcel o de restitución del dinero robado, todos los políticos y funcionarios condenados por corrupción no podrán, nunca, volver a ocupar un cargo o puesto de trabajo público en ninguna administración.
Tampoco podrán ser contratados, nunca, por ninguna empresa que tenga contratos con la administración o reciba ayudas de la misma.
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