2.700.000 razones presupuestarias

Estos días, en todas las administraciones, se están estudiando los presupuestos para el año que viene. A unos, después de un trabajo de cuadre, les toca defenderlos. A otros, detectar sus deficiencias y plantear cambios presupuestarios. Yo mismo hice este trabajo de crítica durante algunos años con los presupuestos de Barajas.

Tengo que reconocer que lo hice mal. Y creo que el mismo error que yo cometía se va a volver a repetir en todas las administraciones. Por eso, entonando primero un mea culpa, creo que hay que cambiar la forma de debatir los presupuestos.

En mi caso, el PP, que gobierna en Madrid y, por tanto, en el distrito de Barajas, planteaba una serie de partidas presupuestarias. Yo miraba cuánto se dedicaba a cada tema, si aumentaba o disminuía, y proponía movimientos de dinero de una partida a otra, según el interés que tuviera en determinados asuntos. Creo que es un error de concepto que nos impusieron los economistas y en el que caí.

Unos presupuestos deben marcar primero el objetivo. Primero deben definir el fin y luego poner todos los medios para conseguirlo.

Hay partidas que no se pueden eliminar, como las del pago a los trabajadores de la administración, o las de pago de luz, agua, material de oficina o cualquier otro necesario para que los trabajadores hagan su trabajo. Todas las demás, todas, deben ponerse en cuestión.

Estamos en una situación de emergencia nacional y, como tal, debemos encaminar todos nuestros esfuerzos en eliminar esa emergencia. Cuando diversas ONG dicen que en España hay 2.700.000 menores pobres, eso es una emergencia, y debemos poner todos nuestros recursos para eliminarla.

Lo primero que sería necesario saber es cuántos menores pobres conviven con nosotros. Convocar en una reunión a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, a los directores de los centros educativos, a los representantes de las ONG que trabajan en el distrito, pueblo o ciudad, y cuantificar uno a uno todos los menores pobres. Siguiendo el caso de Barajas, me gustaría saber si son 27, o 72, o 356. Con la lógica protección de datos, es necesario saber cuantos menores necesitan la colaboración de la sociedad en la que viven para eso, para vivir, para tener una vida digna.

Una vez cuantificados, proponer los medios para que salgan de su situación de pobreza. Aquí expongo unos cuantos, que puede ser o que se pueden modificar, o ampliar. Lo importante es que cada administración entienda que ese es su objetivo y que hay que poner los medios para cumplirlo.

1.- Garantía de desayuno, comida y merienda gratuita. Los menores escolarizados, a través de sus centros educativos. Los que, por edad, aún no lo están, con aportaciones de alimentos infantiles directamente a sus familias. En estos casos, incluyo también pañales y cualquier otro artículo necesario para su higiene.

2.- Garantía de ropa y calzado gratuitos. Establecer unos criterios básicos de renovación de vestimenta (¿un chandal, dos pantalones, dos camisetas, dos jerseys, un abrigo, unos zapatos, unas deportivas, cuatro juegos de ropa interior?) y garantizarlos.

3.- Garantía de libros de texto y material escolar gratuitos, así como costes de salidas y excursiones. Que no haya ninguna diferencia en el centro escolar entre los menores.

4.- Medicinas gratuitas para los menores pobres, con una tarjeta sanitaria gratuita. Derecho a la salud efectivo.

5.- Garantía de recursos energéticos. Que a ningún menor le falte en su casa luz, o agua caliente, o calefacción. Lógicamente, los que tienen casa. Si hay menores viviendo en la calle, el objetivo prioritario debe ser facilitarles una vivienda.

6.- Trabajo para los padres/madres de los menores pobres, especialmente para aquellos con dos o más menores a su cargo. Esto se puede hacer ofreciendo ayudas a empresas, o facilitando el autoempleo, o contratándolos directamente desde las diferentes administraciones. Las primeras medidas son de implantación inmediata para paliar la emergencia nacional; esta medida tiene un plazo de implantación un poco más largo, pero es el que quieren los padres y madres. Quieren ser ellos los capaces de mantener a sus hijos, y debemos facilitárselo. Cuanto más se avance en este punto, más se reducirán las partidas destinadas a los puntos anteriores.

Para desarrollar este punto, dado que las agencias de empleo se han mostrado completamente incapaces, crearía, en cada municipio, una asociación a la que invitaría a participar a los jubilados con conocimientos laborales y empresariales, y a todos aquellos trabajadores activos que quieran colaborar. Deberían tratar caso por caso, persona por persona, y buscarles una salida laboral.

Una vez cuantificados los menores pobres, realizar la multiplicación necesaria por los puntos anteriores, y decidir qué administración, en el ámbito de sus competencias o no, se encarga de llevarlo a cabo. Pero debe llevarse a cabo en cualquier caso. Si una administración no participa, tendrá que responder el año que viene ante sus electores. Y las administraciones que participen deberán asumir “competencias impropias”.

Pero creo que es un tema que merece un gran pacto. O múltiples grandes pactos, en cada ayuntamiento, en cada comunidad autónoma, a nivel estatal. Es una situación de emergencia nacional y debemos tratarla como tal. No podemos llamarnos sociedad civilizada si nuestros menores pasan hambre, o frío, o no pueden vestirse, o no pueden tomar medicinas, o no tienen libros para estudiar. Como siempre se dice de la educación, el dinero invertido en nuestros menores no es un gasto, sino una inversión que rendirá sus frutos inmediatos y sus frutos de futuro, de una sociedad mejor.

Creo que todos entenderíamos que no arreglen el bache de mi calle, o que no se construya el centro cultural o educativo esperado, o que las fiestas se hagan con presupuestos mínimos, o que no se amplíe determinada autopista, o que tengamos que esperar un año para conseguir algo que venimos reclamando hace tiempo, todos lo entenderíamos si supiéramos que no se hace porque el dinero va destinado a nuestros vecinos menores pobres.

O si las cuentas no salen, tal vez deberíamos plantearnos subir algún impuesto. Me quejaba hace poco de que el ayuntamiento me va a cobrar casi 500 euros en IBI y basuras. Pues bien, no me importaría que me cobrase algo más para esta situación de emergencia nacional. O en el IRPF, o donde sea.

Es evidente que son necesarios más inspectores fiscales para acabar con el fraude, y más inspectores laborales para acabar con el trabajo en negro, pero estas son medidas que necesitan tiempo, y nuestros menores que hoy no pueden comer no tienen tiempo. Ojalá dentro de un año los presupuestos puedan plantear otras prioridades, pero este año, para mí, ésta debe ser la prioridad. Ojalá el aumento de la inspección y, por tanto, de la recaudación, así como las medidas de fomento de empleo para los padres y madres de los menores, consigan que éste sea un tema olvidado. Hoy hay que actuar directamente sobre las necesidades, y cubrirlas.

Insisto en que son medidas para tomarlas ya, debido a la emergencia nacional. Me podrán decir, y yo mismo me lo digo, que las medidas educativas o sanitarias o de alimentación deben destinarse a todos los menores, sin distinción. Me podrán decir que hay otros colectivos, como el de los mayores, que también necesitan medidas específicas. Ojalá ese sea el objetivo del año que viene, o del otro. Pero mientras haya unos menores sufriendo, primero debemos ocuparnos de ellos, ya.